opinión
LLUEVEN PLAGUICIDAS PROHIBIDOS SOBRE BCS
Increíble pero cierto.
Estudiantes de la Secundaria Técnica Número 2 en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú, Baja California Sur, fueron atendidos de emergencia el pasado martes 9 de mayo por empleados de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, al presentar náuseas y hemorragia nasal debido a la inhalación involuntaria de plaguicidas.
Pedro Moreno Magaña, director de la dependencia municipal, informó que debido a la denuncia que hizo el director de la escuela secundaria, se investigó y pudo detectarse que la fuente de contaminación provenía del rancho Las Cumbres, empresa agrícola cercana al centro escolar, en donde trabajadores estaban en esos momentos, las 10 de la mañana, fumigando el cultivo de espárragos con los insecticidas marcas Malatión y Ambios, plaguicidas clasificados desde hace décadas como altamente contaminantes del medio ambiente, y prohibido su uso al comprobarse su peligrosidad para la salud de los seres humanos.
Ricardo Santana, representante de la empresa agrícola, según relata el reportero Arturo Corona, de El Sudcaliforniano, aceptó que es una práctica cotidiana el aplicar a las hortalizas ambos plaguicidas.
CON LAS MANOS EN LA MASA
¿La empresa es la principal responsable de este delito ambiental? Sí lo es. Pero no sólo ella.
¿Dónde están las autoridades respectivas de Salud y del Medio Ambiente? ¿Detrás de un escritorio? ¿Visitan los ranchos agrícolas periódicamente? ¿Existen las leyes y reglamentos que se necesitan para ordenar la actividad? ¿Certifican la calidad de los plaguicidas utilizados? ¿Acaso ignoran los efectos dañinos del malatión? Y también:¿Desconocen que se continúa esparciendo de manera indiscriminada sobre el campo subcaliforniano?
No existe explicación alguna que justifique el actuar de la empresa, pero sorprende aún más que, a pesar de que fue sorprendida en flagrancia, la autoridad solamente le exigió que deberá realizar las tareas de fumigación de noche, porque se les multará si son sorprendidas realizando estos trabajos de día. ¡Hágame favor! ¡Ninguna sanción por envenenar a propósito el medio ambiente! ¡Nada de ordenar la suspensión definitiva de la fumigación con Malatión! ¡Ni siquiera mientras se desintoxicaban los chamacos!
Qué vergüenza.
¿A quién protegen? porque es evidente que cuidar la salud de la población no es su prioridad.
De plano mejor le hubieran sugerido al director de la escuela secundaria, cerrar el turno matutino definitivamente y que estudiantes y docentes se trasladen al turno nocturno y asi no molestar a la empresa.
Mejor dejarla en paz ¡no se nos vaya a ir!
Va a resultar que los responsables son los muchachos por respirar con tanta enjundia. ¡Bájenle a su ritmo respiratorio! o bien ¡usen cinco cubrebocas mientras practican deporte! ¡ya se irán acostumbrando a convivir con plaguicidas mortales!
¡Qué importan unas cuantas gotitas de malatión sobre unos espárragos!
Una última pregunta: ¿Comería usted de estos ?
LA SUPREMA CORTE DEFIENDE AL “CHAYOTE”
¿Qué hay detrás de la invalidación al Plan B electoral de AMLO? ¿cuál es el “triunfo” que festeja la oposición de derecha?
Los dirigentes de los partidos PAN, PRI, PRD y MC, están felices porque nueve de los once ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, echaron abajo el día de ayer la iniciativa del Presidente de la República, conocida como “Plan B electoral”, que obligaba a municipios, gobiernos y al propio ejecutivo federal, a fijar un tope del 0.01% de su presupuesto de egreso en gastos de comunicación y propaganda.
De inmediato ayuntamientos panistas y priístas, acudieron a la SCJN para defenderse y demandar la invalidez de la reforma: “¡Es un atentado a la libertad de expresión y a la autonomía!”, argumentaron.
Sólo dos de los once ministros reconocieron la trascendencia histórica de esta reforma a la Ley de Comunicación Social, ahora rechazada por la SCJN, que obligaba a los tres niveles de gobierno a reducir su gasto en comunicación y propaganda de una manera drástica, al permitirles solamente aplicar en este renglón, un peso por cada mil presupuestado.
Con el argumento de que los legisladores federales de Morena “violaron” el proceso legislativo, nueve de los once ministros, incluida su presidenta, Norma Piña Hernández, rechazaron la reforma a la Ley de Comunicación Social porque, dicen, “no se tomó en cuenta la opinión de todos los diputados y se votó apresuradamente”.
Criticaron la forma pero los ministros desatendieron el fondo: para ellos, el Derecho tiene un valor superior a la Justicia.
¿Qué consecuencias trae para la población la determinación de la SCJN, de suspender la primera parte del Plan B electoral?
Tomemos como ejemplo el Presupuesto de Egreso del Gobierno del Estado de Baja California Sur para el año 2023, aprobado por el Congreso local.
Este presupuesto es, en cifras cerradas, de 21 mil 339 mil millones de pesos.
Si la reforma a la ley de Comunicación Social propuesta por AMLO, no hubiera sido invalidada por la SCJN, el gobierno del profesor Víctor Castro Cosío solamente podría disponer este año de 21 millones de pesos en difusión de sus actividades y propaganda, cantidad modesta en comparación con la cifra millonaria destinada a este renglón por la administración del panista Carlos Mendoza Davis en su último año de “gobierno”: Un total de 328 millones de pesos.
En el ejemplo de Baja California Sur, estamos hablando de un gobierno emanado de Morena con el suficiente respaldo popular y niveles de transparencia que no requiere de “maquillaje”, pero ¿qué sucede con gobiernos de los partidos que hicieron del saqueo al erario su “modus operandi”? ¡están contentos!
Al invalidar Norma Piña y sus colegas esta reforma a la Ley de Comunicación que establecía límites estrictos al “chayote”, en los hechos están permitiendo y avalando que los gobiernos municipales y estatales no tengan ningún tipo de restricción en su gasto de publicidad y propaganda, una puerta abierta a que la corrupción y la impunidad continúen.
Gracias a doña Piña y amiguitos, los medios de comunicación en manos de particulares podrán continuar funcionando como “clínicas estéticas” y seguir “maquillando” a políticos corruptos.
¿Hay algo realmente para festejar? La decisión de la Corte ¿es un avance democrático?
DOÑA PANCHA QUIERE REGRESAR...¡POR MÁS!
La señora María Francisca Covarrubias Sánchez, ex directora de Finanzas del Congreso de Baja California Sur, es un buen ejemplo de un mal servidor público.
El fin de semana trascendió que la ahora ex funcionaria tiene fincada una demanda laboral en contra del Poder Legislativo local, en la que además de reclamar una suma millonaria superior a los siete millones de pesos “ por despido injustificado”, exige ser reinstalada en el cargo.
César Iturralde García, abogado y asesor externo del Poder Legislativo, informó a reporteros de la prensa local que la señora Covarrubias Sánchez, está exigiendo una indemnización superior a los siete millones de pesos por un supuesto despido injustificado, argumentando que la suma se calculó, “en proporción al sueldo que recibió, el cual representó un ingreso superior a los 300 mil pesos mensuales”.
Leyó usted bien: percepciones mensuales superiores a los 300 mil pesos. ¿ y quién autorizó el monto? ¡Pues ella misma! ¡faltaba más!
De confirmarse el dato, la señora Covarrubias sería una estafadora confesa porque habría estado cobrando mensualmente una cantidad de dinero muy superior a las percepciones que recibe un diputado, hecho no solamente escandaloso sino ilícito e inmoral porque exhibe la corrupción que privó en legislaturas pasadas, además de ser un ejemplo que pinta de cuerpo entero al típico funcionario que llega al servicio público con el propósito de enriquecerse y convertir a la administración pública en un botín.
Auténticos piratas, saqueadores de las arcas públicas.
La defensa, dice el abogado, “se prepara para evitar que la demanda laboral de la ex funcionaria vaya a resultar en una fuerte repercusión económica al erario”, porque la demandante exige que la indemnización se calcule a partir de su sueldo mensual de 300 mil pesos, reclamo injusto porque el demandado es un Poder público y no una empresa particular.
Si acaso la señora Covarrubias gana la demanda laboral, será el pueblo quien finalmente pague los platos rotos y también el más perjudicado porque es del presupuesto público de donde tendrían que salir los recursos financieros para poder cumplir los caprichos de la ex funcionaria.
Pero ella no solamente quiere la indemnización: Exige ser reinstalada porque quiere regresar por más.
El cinismo, la avaricia no tienen límite.
LIBERACIÓN DE PLAYAS, PERROS ABANDONADOS Y EL PLAN "C"
Andrés Manuel López Obrador convocó a la ciudadanía para que en las elecciones de junio de 2024 que renovarán la Presidencia de la República, algunas gubernaturas, presidencias municipales y las cámaras de Diputados y Senadores, se vote masivamente "en contra de los conservadores y sus partidos" porque es la única manera, advirtió el presidente "de garantizar que la transformación del país continúe, que no se detenga". Le llamó "El Plan C". Cuando es evidente que se han agotado las posibilidades de que legisladores federales del PAN, PRI, PRD y MC, unidos en un solo bloque opositor, abandonen la estrategia de rechazar de manera casi enfermiza, obsesiva, todas y cada una de las propuestas e iniciativas de reformas a la ley que envía el Ejecutivo federal, sin leerlas siquiera y mucho menos intentar dialogar y construir consensos, como ha sucedido reiteradamente desde el año 2018, ante este asedio permanente y abierto boicot de parte de los diputados federales de la oposición, el mensaje de López Obrador se justifica sobradamente y no cae en el vacío. Al contrario.
Para la oposición aún siendo minoría, le ha sido suficiente contar con 225 curules de un total de 500 para frenar y detener, entre otras iniciativas de ley, dos proyectos de reforma electoral enviadas por el presidente al Congreso pero rechazadas al no contar Morena y sus aliados con la cantidad suficiente de legisladores para aprobar reformas y cambios al texto constitucional: Cuentan con solamente 275 votos.
La convocatoria de AMLO cae en suelo fértil porque para muchas mexicanas y mexicanos ha quedado clara la conducta conspirativa de los partidos PAN, PRI y satélites.
El mensaje del presidente es igualmente claro: En 2024 será necesario ganar no sólo la presidencia de la República, sino también conquistar la mayoría calificada en las cámaras de diputados y de senadores.
Los partidos políticos afines a AMLO deberán ganar por lo menos 333 diputaciones de un total de las 500 que integran la Cámara de Diputados pero también garantizar los 64 votos de un total de 96 senadores, un objetivo difícil de alcanzar, aunque no imposible.
Para lograrlo seguro que no será responsabilidad solamente del convocante.
Son muchos y de variada naturaleza los acontecimientos, las tareas, personajes, que habrán de desarrollarse en el futuro inmediato y que definirán el resultado. Pero sin lugar a dudas recaerá en las espaldas y en la voluntad de las y los actuales funcionarios públicos, regidores, presidentes municipales y gobernadores en activo, en sus acciones y omisiones, la responsabilidad de convencer a la población de seguir depositando, en los próximos candidatos y candidatas del partido, su confianza y el destino de sus familias.
Vayan dos ejemplos recientes y también extremos que justifican la predicción anterior.
El primer caso es el actual Secretario General de Gobierno del ayuntamiento de La Paz, encabezando junto con un grupo de funcionarios y regidores del cabildo, la liberación de una playa cercana a la ciudad, cerrada al público "inexplicablemente" desde hace una década, una acción difundida ampliamente por la prensa y calificada positivamente por la población de la capital del estado, particularmente por ese sector de la sociedad urgido de recargar las pilas para seguir creyendo y haciendo suyo el espíritu transformador que recorre el país.
Es una acción que atrae el reconocimiento y confianza de la gente hacia quienes afirman y hacen gala de "no ser los mismos".
Pero en el extremo opuesto estarían dos empleados al servicio del Centro Municipal de Atención Canina de La Paz, quienes en una actitud prepotente y francamente abusiva, igualmente difundida por los diarios locales, hace unos días en un rancho cercano a la ciudad capital, en una acción confiscatoria disfrazada de campaña sanitaria, le arrebataron a un ranchero sus 28 perros para abandonarlos a su suerte minutos después a orillas de la carretera, una actitud infame que no puede quedar en la impunidad porque acciones de este tipo son la manifestación de ese pasado que se niega a morir y sigue haciendo de las suyas, amenazando con desprestigiar y echar por la borda a todo un proyecto de país.
De ese tamaño es la responsabilidad de quienes ocupan cargos y afirman ser Servidores de la Nación.
LOS CHAPITOS, ¡MÁS FREGONES QUE PENTÁGONO, DEA Y CIA JUNTAS!
Los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, según nuestros vecinos del norte, son unos fregones.
Pentágono, DEA y CIA, las poderosas agencias de espionaje estadounidenses, afirman que son los mayores responsables del tráfico de fentanilo en aquella nación, es decir, según el gobierno de Biden, los intrépidos chamacos sinaloenses controlan el “negocio” desde la producción mayorista hasta la distribución al menudeo del peligroso estupefaciente, sin dejarle a otros grupos criminales ninguna rebanada del pastel, es decir, según estas agencias Los Chapitos dominan y controlan al cien por ciento el “changarro”, desde Shangai, China, centro planetario en la elaboración de los precursores químicos que son la materia prima del fentanilo, pasando por su trasiego a través de los puertos marítimos y fronteras terrestres de Canadá y México, hasta su venta final al menudeo en las calles de Nueva York, Chicago o San Diego, siendo los herederos de El Chapo uno de los grupos empresariales más poderosos de los Estados Unidos y del mundo, al dominar un mercado para sus productos que abarca desde el sur de Canadá hasta los límites del Rio Bravo. Toda Norteamérica para ellos solitos. ¡Wow!
Según estas agencias ninguna otra corporación criminal le hace sombra ni ha podido competir con los chamacos, ¡ninguna!
¿Y las bandas criminales gringas? ¿acaso allá no existen cárteles? ¿son “inexpertas y poco ambiciosas”?
Estamos ante un suceso francamente grotesco porque en su afán de justificar su intromisión en asuntos internos de nuestro país y descargar culpas en espaldas ajenas, los gringos se curan en salud y descargan en su vecino del sur la causa de sus desgracias internas. No es nuevo.
Sin temor al ridículo están encumbrando hasta las máximas alturas a un grupo criminal que es posible que sí acumule un gran poder económico y de fuego, pero afirmar que son los principales responsables del trasiego de fentanilo en EU, no sólo es una exageración sino una mentira con claros tintes injerencistas, tal como lo denunció públicamente el Presidente de la República.
Según Washington y sus agencias de espionaje, siempre somos sus vecinos sureños los “malos” de la película, los feos y los matones, ellos en cambio siempre son las víctimas, los débiles, cuando es del conocimiento público que Estados Unidos es el mayor mercado de venta y consumo de drogas en el mundo: Ahí se comercia y consume el 80 por ciento de todas las drogas que se producen y circulan en el orbe.
Bajo el disfraz de una hipócrita defensa de la salud del pueblo de los EU, el fiscal general del gobierno de Biden, Merrick Garland, aseguró el fin de semana pasada que Los Chapitos “representan la mayor, la más violenta y la más prolífica operación de tráfico de fentanilo en el mundo y son los principales responsables de que se esté inundando de esta droga a los Estados Unidos”.
Al mejor estilo de una serie de Netflix, dicho personaje advirtió que “heredaron un imperio mundial del narcotráfico, lo hicieron más despiadado, más letal y lo usaron para propagar un nuevo veneno, el fentanilo”.
Desgarrándose las vestiduras, el fiscal Garland podría ser el guionista de las series de Netflix porque su narrativa es similar al contenido de documentales como “Narcos”, “El Señor de los Cielos”, etcétera: Un sur repleto de criminales que invaden sin piedad a un norte plagado de indefensos consumidores.
Es tan parcial el diagnóstico del Pentágono, DEA y CIA que ¿en dónde se hace alusión a las empresas farmacéuticas de los Estados Unidos y su responsabilidad en la elaboración de medicamentos conteniendo poderosos opiodes? ¿los antecesores del fentanilo?
¿En dónde se critica a las y los miles de médicos de ese país que durante los años previos a la pandemia del fentanilo, convirtieron en adictos poco a poco a millones de personas al expedir recetas de manera indiscriminada y criminal con medicamentos que contienen el elemento activo del fentanilo? ¿Por qué el silencio?
Pero eso si, Fiscal y agencias de espionaje estadounidenses amenazan con perseguir y combatir a Los Chapitos “en cualquier lugar donde se encuentren”, sin comprometerse a combatir al narcotráfico en su propio país, territorio en donde el lavado de dinero es práctica común, y aceptar que su sistema financiero ocupa un lugar destacado en la circulación del dinero sucio proveniente del narcotráfico.
¿Y la ilegal e irrefenable venta de armas de fabricación estadounidense que van a dar a manos de las bandas criminales de este lado de la frontera? ¿tampoco este asunto es relevante?
Una pregunta ingenua: Si la narrativa de las agencias de espionaje estadounidenses fuera verdadera estamos ante una revelación sorprendente: ¿cómo fue posible que frente a sus narices Los Chapitos llegaron a ocupar este selecto, exclusivo y disputado primer lugar en el mundo “empresarial”? ¿cómo fueron posesionándose de las “plazas”? ¿fueron tan ineficaces sus agencias de espionaje para impedirlo? ¿de qué les sirve tanta tecnología “de punta”?
Si la DEA y compañía les fallaron ¡Contraten a los hijos de El Chapo! ¡Ellos sí saben cómo hacerlo!
Y como una reflexión final: ¿Tiene este grupo criminal la capacidad organizativa para ser ese gran cártel que dicen las agencias gringas?
Porque si algo dejó al descubierto el juicio seguido a Genaro García Luna recientemente fue precisamente que no puede existir, florecer y mucho menos arraigar el crimen organizado en ningún territorio sin el apoyo decidido y la complicidad encubierta de políticos y funcionarios corruptos de primer nivel.
No hay chapitos sin chapotes.
Señor fiscal: ¡se pegó usted un balazo en el propio pie!
En Corto
LA MARCHA DEL MÉXICO QUE MIENTE
Muchas de las personas que participaron en la marcha para defender al INE el pasado domingo 13 de noviembre en la CDMX, y en otras cuarenta ciudades del país, seguramente lo hicieron convencidos de estar luchando por una causa justa. ¡Qué decepción!
Quienes salieron ese día a defender a un Instituto Nacional Electoral, INE, organismo que podrá contar con el reconocimiento y apoyo de los partidos políticos que convocaron a la marcha de protesta, el PAN y el PRI, pero que en contraparte ha perdido el respeto y confianza de un sector mayoritario de la sociedad mexicana, particularmente de aquella que se identifica y defiende el proyecto de la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente de la República, estas personas que asistieron a la marcha han aceptado sin objeción la versión difundida por los dirigentes de ambos partidos, repitiendo una y otra vez que la reforma electoral de AMLO pretende la desaparición del INE cuando el objetivo verdadero no es desaparecer al árbitro electoral, mucho menos eliminar la credencial de elector, sino democratizar la selección de consejeros y magistrados para que estos sean electos a través del voto popular, facultad que actualmente retienen los partidos políticos. Otro objetivo de la reforma es reducir el número de legisladores federales de 500 a solamente 300, entre otros cambios cuyo objetivo es reducir el gasto.
“El INE no se toca” fue, mentirosamente, el grito de batalla.
Sin embargo lo que verdaderamente motivó a muchos de ellos a asistir a la marcha no fue defender los privilegios del árbitro electoral, sino manifestar su rechazo frontal, definitivo, a la transformación social y política que el pueblo de México y el actual gobierno federal han iniciado a partir de 2018, aprovechar la oportunidad que les ofreció la marcha para poder expresar por primera vez, abierta, colectiva y públicamente, su odio clasista y racista hacia un gobierno que está llevando a la práctica el combate a la corrupción y haciendo realidad la consigna de “primero los pobres”.
La marcha que se llevó a cabo en la CDMX fue la más concurrida de todas y también la de mayor trascendencia política porque unificó en un solo frente rumbo al 2024, tanto a los líderes de los partidos de oposición como también a una clase media atrapada en el individualismo consumista y poco acostumbrada a defender sus intereses de manera colectiva.
La marcha del domingo es el primer ejercicio de gran envergadura que la derecha mexicana realiza con el propósito de acumular fuerza y experiencia para llegar unificada en 2024, condición indispensable para poder disputar a Morena la silla presidencial con ciertas posibilidades de éxito.
Se trató de un salto cualitativo: Del odio y frustración individual expresado por este sector de mexicanos exclusivamente a través de las redes sociales por mucho tiempo, el domingo pasado ese odio y frustración se trasladaron a las calles y avenidas de la nación, se hicieron visibles y de cuerpo entero.
Vaya un ejemplo de muestra: En los noticieros del Sistema Público de Radio y Televisión se hizo viral la doñita de la tercera edad que con el rostro desencajado y una mirada que despide desprecio puro, le reprocha airadamente a Andrés Manuel López Obrador ser “naco” y “un patarrajada”, discurso de odio que solamente se vertía en el espacio virtual pero que ahora adquiría cuerpo.
¿A qué México defiende esta señora?
Obviamente no al país mayoritario de morenos y morenas que somos, tampoco a ese México que figura entre los países de mayor desigualdad social del planeta y que hasta hace poco era líder mundial y ocupaba los primeros lugares en corrupción por culpa de gobiernos que promovieron impunemente el saqueo de los recursos humanos y naturales de la nación por parte de empresas y gobiernos extranjeros.
Mexicanos como la doñita vociferante, el país que defienden es el México del PRIAN, el de los Felipe Calderón, Fox y los Peña Nieto, de los Lorenzo Córdova, nunca el país de los pueblos yaqui o de las comunidades indígenas de Guerrero y Chiapas.
Dos países, dos visiones: Usted ¿qué México defiende?
DOBLES REMOLQUES CON OLOR A MUERTE
Los accidentes provocados por los miles de tractocamiones que circulan diariamente por las carreteras del país van en ascenso y vuelven a ocupar las páginas principales de los periódicos, a medida que superada la pandemia del Covid-19, se normaliza la economía, el comercio y con ello, regresa el tráfico intenso de vehículos.
El accidente acaecido en la madrugada del pasado sábado 10 de septiembre en la carretera México-Nuevo Laredo, en el que murieron calcinados veinte jornaleros originarios de Veracruz e Hidalgo, tras el choque del autobús en el que viajaban contra el remolque de un tractocamión que transportaba combustible, es el episodio más reciente de luto y dolor: Uno de los dos remolques se desprendió e impactó de frente en el autobús de pasajeros, provocando la muerte de veinte personas de escasos recursos que se dirigían a Nuevo León, en busca de trabajo.
La utilización indiscriminada de tractocamiones de doble remolque para el transporte de mercancías que circulan sin ningún tipo de regulación a través del sistema nacional de carreteras, se debe a los gobiernos neoliberales que a partir del periodo del Presidente Ernesto Zedillo, decidieron privatizar y desaparecer la red de ferrocarriles de carga (y también de pasajeros), obligando a que en su lugar las empresa utilicen vehículos de carga para el transporte de mercancías, vehículos cuyas dimensiones y operación son de por sí complicadas.
Esa es la razón por la que México no cuenta actualmente con una red de ferrocarriles de carga que permita y facilite el desplazamiento de mercancías por las vías férreas, inundando de tractocamiones las de por sí congestionadas y deterioradas carreteras del país.
Ernesto Zedillo es el responsable directo de lo que se consideró uno de los mayores atracos cometidos en contra de la nación por la pandilla de políticos neoliberales que “gobernaron” este país en su exclusivo beneficio.
Zedillo aún vive y seguramente se enteró de esta lamentable noticia. Me pregunto: ¿Qué sintió el ex presidente al leerla? ¿Qué podría responder a los deudos de los jornaleros calcinados? ¿sentirá pena alguna?
Lo dudo. Si nunca se tentó el corazón para arrebatarle a la nación y a sus 120 millones de habitantes su red ferroviaria, ¡que podrán importarle veinte cuerpos calcinados!
El agua es como el aire, un recurso natural indispensable para la vida del ser humano en la tierra. Sin embargo, ambos recursos no renovables están amenazados por el propio ser humano y al aire lo estamos haciendo cada vez más irrespirable y al agua la hemos convertido en una mercancía cada vez más cara y escasa. Las sociedades humanas nos hemos acostumbrado a lo largo del capitalismo a ver cómo todo a nuestro alrededor se va degradando, convirtiendo en mercancía y vemos muy «natural» que actualmente en las tiendas se vendan botellitas, botellas y garrafones del vital líquido, mercancías que compran quienes tienen el dinero suficiente para comprarlas, cuando lo único que debería necesitarse para acceder al agua es tener sed. Los gobiernos municipales de todo el país, los gobiernos estatales y el federal, todos ellos, a lo largo de los últimos 40 años de neoliberalismo han renunciado a su obligación constitucional de defender el derecho al agua y a que esta sea considerada como un derecho humano elemental e irrenunciable, permitiendo que frente a sus narices avanzara poco a poco un sostenido pero ininterrumpido proceso de privatización de este recurso natural, convirtiendo finalmente al agua en una mercancía. El vital líquido en manos de particulares sirve para muchos fines y entre estos destaca presionar y chantajear a los gobiernos cuando amenazan con regular y poner orden en su actividad. La crisis que recientemente provocaron los propietarios de pipas en La Paz, Baja California Sur, cuando en plena canícula decidieron suspender por dos días el reparto de agua a hoteles, restaurantes y plantas purificadoras, con el propósito evidente de presionar para que las autoridades municipales les permitan continuar gozando de las ventajosas condiciones de operación que siempre han tenido y de paso seguir extrayendo agua de los pozos que desde hace décadas vienen explotando, este acto arrogante de los dueños de las pipas debe servir como advertencia de lo que puede pasar en un futuro próximo cuando la escasez del líquido sea aún mayor en la media península y la distribución de líquido continúe en manos de los particulares. La población sudcaliforniana no puede ser rehén de grupos políticos y de intereses particulares que pretenden imponerse por encima del interés colectivo. En la entidad debe imponerse y prevalecer el derecho elemental a tener agua tanto en tu domicilio como en tu negocio y gracias al acto arrogante de estos propietarios de las pipas, en el centro de atención de la opinión pública está la necesidad de que tanto regidores como legisladores locales y federales, se sienten para analizar y decidir si queremos que el agua sea un derecho humano que el Estado mexicano garantice su disfrute a todos y a todas las mexicanas, o que este bien público continúe en manos privadas y siga siendo una mercancía que la escasez hará cada vez más cara y también más violentos los caminos para acceder a ella.
ORDENA INE CERRAR LA BOCA A MORENISTAS
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, INE, ordenó el pasado 7 de julio a 30 connotados morenistas, incluido el Presidente de la República, abstenerse de participar en actos políticos “similares a los realizados por Morena en el Estado de México y Coahuila”, por considerar el instituto regenteado por Lorenzo Córdova que dichos actos “son parte de una posible estrategia de proselitismo electoral adelantado para los procesos electorales de 2023 y 2024”.
Además del Presidente de la República, el INE incluye en su lista de amonestados a Claudia Scheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Víctor Castro Cosío, Evelyn Salgado, Santiago Nieto, Layda Sansores, etcétera, a todos ellos don Lorenzo y su compadre Ciro Murayama los acusan “por la indebida promoción personalizada, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña, vulneración a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda y actos de proselitismo vinculados al proceso electoral local 2023 en Coahuila y Edomex, así como en el proceso electoral 2024”.
¡Por poco y también don Lorenzo responsabiliza a los morenistas hasta de la falta de agua en Nuevo León!
A través de este resolutivo, el INE le está ordenando a Mario Delgado, presidente del CEN de Morena “abstenerse de organizar, convocar y realizar actos masivos” porque si se atreve a realizarlos, el INE los calificará de actos proselitistas. ¿Cómo la ven?
En sentido estricto este dictamen del INE es un verdadero atentado a la democracia y a la libertad de expresión porque el discurso, la palabra, la arenga pública, la crítica, el debate, la movilización y la realización de mítines, todos estos recursos son el material de trabajo cotidiano de las y los políticos, la materia prima de la actividad política y le piden que cese de hacerlo.
¿Miedo a la democracia? ¿Qué pretende el INE al ordenar a Morena que callen sus más connotados y experimentados cuadros políticos? ¿incluidos todos los presidenciables? ¿casualidad? Para nada.
La maniobra leguleya del INE salta a simple vista y su intención es limitar los derechos políticos de hombres y mujeres ligados a la Cuarta Transformación, obligarlos a estar callados, a mantenerse en silencio, a no salir a las calles : Es una maniobra que pretende afectar el núcleo principal de la estrategia de Morena, la movilización popular.
Ciro Murayama y su compañero de andanzas, don Lorenzo, con esta medida autoritaria y oscurantista pretenden lograr en tribunales lo que la oposición del PRIANRD no ha podido obtener en las urnas: detener a la locomotora Morena en su espectacular avance político electoral en todo el país, frenar su avance y romper el vínculo que existe entre los dirigentes de Morena con el pueblo raso, el de “a pie”.
Con este resolutivo el INE, una vez más, se coloca del lado de quienes entienden a la democracia como un asunto en el que debe participar sólo un selecto y pequeño grupo de “iluminados”, un INE que anhela reducir la actividad política a “los especialistas”, a los dirigentes de los partidos políticos.
El INE, este INE... no tiene remedio.